Es obvio que la fianza de cinco millones pedida al expresident Artur Mas por el proceso participativo del 9 de noviembre del 2014, a diferentes miembros del Govern de la época y a más de media docena de cargos intermedios de la Administración catalana, responde sobre todo a una estrategia del miedo cuidadosamente diseñada para tumbar al independentismo catalán. Primero está el momento elegido para el anuncio por parte del Tribunal de Cuentas: la víspera de la aprobación de la ley del Referéndum y la de Transitoriedad Jurídica y Fundacional de la República por parte del Parlament e inmediatamente después la firma del decreto de convocatoria del referéndum del 1 de octubre por parte del Govern. Después queda el momento en que se tiene que depositar la fianza: el 25 de septiembre, tan solo seis días antes del anunciado referéndum.

Aunque en la espiral informativa actual las cosas tienden a olvidarse, vale la pena recordar que tanto el Supremo como el TSJC ya juzgaron el caso de los implicados por el 9-N y la malversación quedó fuera de los delitos por los que fueron condenados. La vía del Tribunal de Cuentas fue improvisada una vez el Gobierno español constató que no había marcha atrás en el referéndum comprometido por el president Carles Puigdemont y que la alianza con el vicepresident Oriol Junqueras era lo suficientemente sólida para que no descarrilara todo el proceso catalán. Fue en este momento, cuando la política volvió a intervenir para volver a juzgar por una vía diferente a los organizadores del 9-N y también para poner en marcha la denominada Operación Patrimonio. Ninguno de los colaboradores pasados y presentes quedarían a salvo primero de la persecución penal y después de la patrimonial.

La contundente respuesta ofrecida por Puigdemont y Junqueras una vez se conoció la fianza de cinco millones sitúa al independentismo catalán, a los partidos, a las organizaciones y a las entidades cívicas que impulsan el referéndum ante una situación nueva pero que permitirá ver su musculatura en una prueba que no han tenido que superar hasta la fecha: ¿Es capaz de recaudar mediante aportaciones particulares una cantidad de dinero suficiente para hacer frente a la fianza impuesta por el Tribunal de Cuentas? Si así acaba siendo, el independentismo demostrará que además de salir a la calle cada vez que es convocado, además de acudir masivamente a votar el 9-N, además de otorgar la mayoría parlamentaria a Junts pel Sí y la CUP, además de llevar en volandas al Govern hacia el referéndum, además de todo eso, también es capaz de hacer frente de una manera solidaria a una fianza astronómica.

El Gobierno español comprobará en las próximas horas que la inacción política de estos años en el tema catalán ha acabado teniendo un coste altísimo para sus intereses y sobre todo para los de aquellos catalanes que le habían hecho confianza. Dijo un día el expresident Artur Mas que Catalunya iniciaba un camino a lo desconocido. Lo cierto es que los miembros del Govern que se reunieron este martes en el Palau de la Generalitat en sesión ordinaria del Ejecutivo quizás colectivamente no fueron tan conscientes del alcance de la jornada de este miércoles como en aquellas horas de la mañana. Y es que a veces la historia se escribe en grandes titulares pero se hace en reuniones como la del último Consell Executiu.