La decisión del Tribunal Constitucional, adoptada por unanimidad de sus miembros, obligando a la Mesa del Senado a restituir los derechos que se habían vulnerado de los parlamentarios del PDeCAT y, en consecuencia, aceptar que tiene derecho a un grupo parlamentario propio, es toda una bofetada al grupo parlamentario popular que dirige la Cámara Alta saltándose cualquier norma vigente en interés del partido.

En un momento en que el Partido Popular ha perdido la mayoría absoluta en el Congreso de los Diputados, conserva en cambio una mayoría absoluta en el Senado que pasa por encima del Reglamento, dictámenes de los servicios jurídicos de la cámara, antecedentes parlamentarios y usos y costumbres. Y la quiso ejercer contra toda lógica el pasado mes de diciembre en la constitución de los grupos parlamentarios por parte de la Mesa del Senado. La misma, sea dicho de paso, que prohibió al president de la Generalitat, Carles Puigdemont, que pudiera dar una conferencia en una de sus salas como había solicitado y que acabó celebrando en una instalación municipal que le cedió la alcaldesa madrileña, Manuela Carmena.

Todo se debió a un monumental enfado del PP por no tirar atrás la propuesta de referéndum por parte del president Puigdemont y lo que ellos entendían que era la adopción de la vía unilateral hacia la independencia. Detrás de su decisión que solo era política, se escondían tres trabas importantes hacia el PDeCAT: no tenían grupo y con ello perdían visualización en los debates parlamentarios; no estaban presentes en la Mesa y Junta de Portavoces, donde se adoptan decisiones a veces trascendentes; y, la más importante, al no tener grupo no tenían la partida económica correspondiente que tienen todos ellos para realizar su labor parlamentaria y, como una última consecuencia de esta medida, en unas elecciones españolas el tradicional buzoneo debería ir a cuenta del partido y no del Estado.

Una última reflexión: las voces que hablan de que no se puede elogiar una sentencia del TC y prescindir de lo que dicen otras carecen de argumentos. El Constitucional sigue siendo después de esta sentencia un tribunal politizado y de parte. Aunque a veces lo que dictamine sea acertado. Como en este caso.