Cuando el cantautor Lluís Llach, hoy parlamentario de la candidatura electoral de Junts pel Sí en la Cámara catalana escribió en 1974 una de sus canciones más reconocidas, Silenci, poco podía imaginarse que aquellos versos en los que dice "Si m'heu de fer callar/ que sigui ara,/ ara que no puc dir no,/ i res teniu per comprar-me" los volvería a vivir en carne propia con la desproporcionada campaña que ha padecido en las últimas horas en las redes sociales, en muchos medios escritos, en radio y televisión, en los que ha sido tildado abiertamente de fascista y autoritario. No han sido cuatro energúmenos ocultándose detrás del anonimato sino dirigentes políticos del unionismo y de entidades afines. Incluso se ha sumado Lluís Rabell, el jefe de filas de Catalunya Sí que es Pot en el Parlament.

En el mundo acelerado de la información en el que vivimos alguien quiso ver un nuevo caso Santiago Vidal -el exsenador de Esquerra Republicana que dimitió después de haber fabulado en varias ocasiones sobre supuestos planes del Govern para llevar a cabo la desconexión de Catalunya de España- y se lanzó a la yugular de Llach, por diversos comentarios formulados en diferentes conferencias pronunciadas en los últimos meses. En estas intervenciones, Llach explicaba a los asistentes que el Parlament tenía intención de aprobar las denominadas leyes de transitoriedad jurídica, conocidas también como las leyes de desconexión, y que velaría por su cumplimiento. En este contexto, añadía que los funcionarios también tendrían que cumplirlas una vez fueran aprobadas.

Que un diputado independentista defienda el cumplimiento de una ley, por muy controvertida que sea y más allá de lo que pueda decir el Tribunal Constitucional, no debería ser motivo de ningún gran escándalo. De hecho, no un diputado sino el propio president de la Generalitat y el conjunto del Govern ha recibido de una manera individualizada hasta cinco citaciones del Constitucional -los hay que han recibido seis- con advertencia de incurrir en delito penal si no se atienden sus escritos. Por no hablar de la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, con dos imputaciones penales por delante, varios miembros de la Mesa en idéntica situación y el president Mas y miembros de su gobierno ya juzgados y condenados. Otra cosa es que se quiera, desde los que critican a Llach de una manera furibunda, provocar un enfrentamiento entre el Govern, la mayoría del Parlament y los funcionarios tomándolos a estos últimos como rehenes. Una táctica demasiado vieja como para que realmente pueda impresionar a estas alturas.