Con la convocatoria para el próximo día 16 de la primera reunión de la Mesa del Parlament por parte de la presidenta, Carme Forcadell, cabe dar por abierto el período de sesiones más intenso de la vida política catalana, que durará, en el actual formato, hasta el próximo 1 de octubre, fecha en que está anunciado el referéndum de independencia de Catalunya. Forcadell, sobre la que recaen muchas de las miradas, ya que las leyes por las que ha de transitar el referéndum y la nueva legalidad pasan obligatoriamente por el hemiciclo, ha movido pieza.
Y, al moverla, ha desvelado el primer dato informativo del curso: aunque la ley del referéndum entró a finales del mes de julio en el registro del Parlament, presentada conjuntamente por Junts pel Sí y la CUP, su tramitación no se dará por iniciada el día 16, puesto que no se ha incorporado al orden del día de esa reunión. Con este movimiento, más táctico que otra cosa, Parlament y Govern tratan de ajustar al máximo los tres trámites que inexorablemente se han de producir: tramitación de la proposición de ley por parte de la mesa, aprobación por el Parlament y firma del decreto de convocatoria del referéndum del 1 de octubre por parte del president Puigdemont y, seguramente, de todos los miembros del Govern.
Si nos vamos al último referéndum celebrado en Catalunya, el del aciago Estatut d'Autonomia de 2006, el entonces president de la Generalitat Pasqual Maragall lo convocó para el 18 de junio de 2006 y firmó el correspondiente decreto justo un mes antes, el 18 de mayo. Un calendario idéntico llevaría al president Carles Puigdemont a firmar el decreto de convocatoria el 31 de agosto, habida cuenta de que el mes de septiembre tiene 30 días. En cualquier caso, la maquinaria ha reanudado su movimiento a un ritmo lento, por ahora, e irá cogiendo velocidad hacia la que ha de ser la batalla de todas las batallas: el referéndum del 1 de octubre.