¿Puede continuar ejerciendo el cargo un ministro que es reprobado ampliamente por toda la Cámara excepto por los suyos? ¿Pueden continuar un fiscal del Estado y un Fiscal Anticorrupción que han perdido la confianza del Congreso de los Diputados? Puede continuar Rafael Catalá como titular de Justicia y los fiscales José Manuel Maza y Manuel Moix cuando lo que se ha votado favorablemente es que han obstaculizado la acción de la Justicia en causas abiertas por delitos de corrupción? Catalá, Maza y Moix se enfrentan a una situación excepcional en la democracia española ya que nunca un ministro había sido reprobado por el Congreso de los Diputados y tampoco lo había sido la cúpula fiscal. La votación fue más que clara y el castigo ejemplar: 207 votos a favor y los de los 134 diputados populares en contra.

Aunque es cierto que la votación no es vinculante y ni ellos tienen porqué dimitir ni el presidente del Gobierno hacer caso a la Cámara y cesar a su ministro de Justicia, es obvio que su posición será a partir de ahora de una enorme fragilidad. Con la reprobación a cuestas, Catalá podrá decidir lo que quiera y ya ha avanzado que no piensa dimitir aludiendo al hecho de que tiene la confianza de Rajoy, lo que es cierto ya que los ministros solo precisan para continuar en el cargo de la confianza del presidente, no del Congreso; pero su posición política acabará siendo un lastre para todo el Ejecutivo español. Los numerosos procesos judiciales que tiene el PP por delante, declaraciones de ministros "afinando la Fiscalía", decisiones controvertidas del titular de Justicia en temas relacionados con la corrupción, grabaciones comprometedoras para algunos fiscales... todo ello acaba despojando al Ministerio de Justicia de una pátina, siempre imprescindible, de distancia respecto a los procesos judiciales.

Por no hablar del proceso político-judicial que vive Catalunya, con sorprendentes decisiones como la querella presentada por la Fiscalía del TSJC siguiendo instrucciones de la Fiscalía General del Estado contra la consellera de Governació, Meritxell Borràs por haber abierto la licitación para que se den de alta las empresas interesadas en la venta de urnas a la Generalitat. El Ministerio Fiscal crea derecho a medida que avanza el procés y Borràs se convierte además del primer miembro del actual Govern con una querella presentada por la Fiscalía en investigada en la nueva modalidad de sospechosa. Eso por no hablar de la dificultad política que tiene explicar a la opinión pública -al menos a la catalana y a la internacional- la presentación de una querella por un concurso para comprar urnas. Pero la velocidad que ha cogido la respuesta judicial a cada movimiento del Govern no es casual sino que responde a una estudiada y medida intensidad por parte de Moncloa. Buscar la Inhabilitación de todo aquel político o no que dé un paso en dirección al referéndum. Ello sin descartar, como en el caso de Borrás, la acusación de prevaricación, desobediencia y malversación. Una estrategia que, hasta la fecha, ha pinchado en hueso ya que el Govern ni ha rectificado ni se ha detenido.