Horas antes de que se inicie este viernes la cuarta jornada de huelga parcial de los trabajadores de seguridad de la compañía Eulen en el aeropuerto de El Prat, el Gobierno español, titular de la infraestructura, ha decidido, al fin, convocar un comité de crisis con la presencia del ministro de Fomento. Si el lunes el presidente Rajoy sorprendía a la salida de su cita con el rey Felipe en Marivent con su desapego por el grave problema existente en Barcelona, señalando que era una cosa puntual, tan solo 72 horas después se da como muy probable que el Estado deje en manos de la Guardia Civil el trabajo de los huelguistas.

Sea ese u otro el remedio, es al Gobierno español al que le corresponde encontrar la solución al problema originado, ya que las competencias en los aeropuertos españoles, incluido El Prat, son suyas. En todo caso, ese final se veía venir desde hace días y la actitud del ministro de Fomento no ha sido de una gran celeridad. Ni tampoco un acierto su aproximación al problema, ni la información que ha traspasado a su superior, ni la presión que ha ejercido sobre Aena, que trata de irse de rositas de un conflicto que ella ha provocado con unas concesiones a empresas que han ofertado por unos servicios muy debajo del precio normal.

Sería un error convertir el problema de El Prat en un asunto exclusivamente laboral entre una empresa y unos trabajadores. Normalmente, cuando el problema es laboral, los primeros a quienes les interesa resolverlo son los trabajadores y a la votación decisiva de este jueves han acudido 176 de los 420 trabajadores, un 41%. Muy pocos para el grave conflicto planteado.

Es cierto que este es el problema más visible y sobre el que ha tratado de mediar la Conselleria de Treball, pero la cuestión de fondo es cómo se realizan las adjudicaciones de un servicio por parte de una empresa semipública. Aena busca el mayor beneficio para el accionista -el Estado aún posee el 51% de las acciones-, pese a que en 2015 llevó a cabo una venta precipitada del otro 49% por más de 4.200 millones, en una operación que los analistas consideraron muy baja y la criticaron por considerar que hubiera podido ingresar otros 3.400 millones. Seis meses después de su salida a bolsa, se había revalorizado un 82% y los accionistas privados -dos bancos y dos fondos- habían recuperado su inversión.

Centrar todo el problema en Eulen y los trabajadores es un error cuando hay un jugador que está en el origen de todo el conflicto, sus beneficios no hacen más que aumentar y El Prat aporta más del 50% de las ganancias de Aena.