Al exministro de Asuntos Exteriores José Manuel García-Margallo habrá que agradecerle que nos esté explicando cosas que nadie desde el Gobierno español y desde el Partido Popular se había atrevido a desvelar; bien porque las deliberaciones del Consejo de Ministros son secretas, bien porque la cercanía del anterior canciller de la diplomacia española al presidente era tan alta que las confidencias que se tenían no necesitaban de otros miembros del Ejecutivo. Lo cierto es que si hace unas semanas nos reveló los favores comprados a otros países para que se alinearan del lado de España en el proceso independentista, con una explicación tan obvia como peregrina, que en política internacional nadie hace favores gratis y las ayudas se acaban pagando un día u otro, ahora nos acaba de poner negro sobre blanco alguna de las conversaciones que tuvo con Mariano Rajoy antes del 9-N.

Así, su receta ganadora para que el Estado no sufriera la humillación que padeció aquella jornada era la siguiente: suspender la autonomía, tomar el control de los Mossos d'Esquadra y requisar y destruir las urnas y las papeletas de votación. "Y eso mismo es lo que le recomiendo a Rajoy que haga ahora", agregó, casi sin inmutarse. Margallo posee un don: no deja indiferente a nadie, sobre todo a los suyos. Pero nadie le ha acusado nunca de mentiroso, o sea, que los que se tomen a broma su explicación de los movimientos gubernamentales de aquellas fechas tienen muchas posibilidades de equivocarse. Tampoco sería tan extraño: una vez se ha retirado la zanahoria como objeto de transacción para una negociación solo queda el palo. O lo que es lo mismo, el Tribunal Constitucional.

Aunque para ello haya que desempolvar carpetas olvidadas como la ley de consultas populares por la vía de referéndums aprobada por el tripartito hace más de seis años y cuyo recurso instado por el gobierno Zapatero dormía en algún cajón del Alto Tribunal. Una ley catalana aprobada bajo la presidencia de José Montilla y que contó con los votos de sus socios en el Govern tripartito, Esquerra Republicana e Iniciativa per Catalunya. Y que la antigua Convergència i Unió votó en contra por insuficiente, igual que PP y Grupo Mixto justo por lo contrario. Pues bien, el TC casualmente ha dictaminado en la semana en que la víspera se había publicado en el DOGC la licitación de la compra de urnas. No hace falta ser muy avispado para relacionar una y otra cosa. Pero analizarlo bajo este prisma debe ser propio de mentes malintencionadas, porque sabemos y así está escrito que el Tribunal Constitucional es un órgano independiente del poder político.