La presentación por parte de Junts pel Sí y la CUP de la proposición de ley de Transitorietat Jurídica i Fundacional de la República en el registro del Parlament es la constatación de que la semana próxima la Cámara catalana va a ser objeto de una sesión plenaria decisiva de cara al referéndum del 1 de octubre. La proposición de ley ha entrado como un misil de largo alcance del que se desconoce aún con precisión si impactará o no en el punto neurálgico del objetivo aunque por el camino los destrozos realizados son notables. Cuarenta y ocho horas después de la manifestación tras los atentados del 17 de agosto, que en Madrid ha sido leída como un claro desafío al statu quo que encarnan en primer lugar el Rey y el presidente del Gobierno; veinticuatro horas más tarde de que el president Puigdemont anunciara en una entrevista en este diario que propondría a Mariano Rajoy una negociación corta si gana el sí; este mismo lunes, los dos grupos parlamentarios, que tienen la mayoría absoluta en la Cámara, han traspasado el umbral fijado por aquellos incrédulos que sostenían que esta ley no se iba a presentar.

No solo se ha hecho pública en un acto realizado desde una de las salas del Parlament, sino que lo que es más sorprendente: ha cogido a la oposición en fuera de juego y sin hilvanar un discurso mínimamente sólido. Recurrir al malestar que hay en el independentismo por la manifestación del sábado no solo es una equivocación más sino que demuestra una cierta torpeza a la hora de diseñar estrategias. El hecho de que exista un compromiso de aprobación antes del referéndum obedece a un viejo acuerdo de querer acompañar el resultado del referéndum del arsenal jurídico necesario para una ruptura si gana el sí. La respuesta del presidente del Gobierno desde París, señalando que no se pronuncia sobre ruedas de prensa, es ciertamente de baja intensidad pero casa mal con la precipitada llamada del secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, ofreciéndose para establecer un guión conjunto de respuesta al independentismo catalán.

En 89 artículos y tres disposiciones finales, la proposición de ley recoge el paso de la ley a la ley. De la ley española actual a una ley catalana en un nuevo Estado. Desde la posibilidad de tener la doble nacionalidad y la constatación de que catalán y castellano serán oficiales, hasta la asunción del personal de las administraciones públicas de Catalunya  y la subrogación por parte del Estado catalán de los contratos, convenios y acuerdos del Estado español. Como también el papel del presidente de la República, el capítulo del poder judicial, las finanzas y el inicio del proceso constituyente que se iniciará con un proceso participativo, seguirá con unas elecciones y acabará con la ratificación de una constitución.

Es obvio que la batalla final hacia el 1 de octubre entra en una fase decisiva que no detendrán los tribunales ordinarios, con procesos necesariamente mucho más lentos. No parece tampoco claro que el Tribunal Constitucional quiera adoptar un papel que no le corresponde y al cual quiere empujarle el gobierno del PP. Por eso, Albiol vuelve a hablar del 155 de la Constitución y algunos ministros comentan en voz baja la posibilidad de recuperar para el Estado y de manera transitoria el control de los Mossos d'Esquadra o la tutela de los centros escolares. A lo mejor todo es mucho más sencillo: hay muchos planes y muchas ideas pero difícilmente realizables sin una erosión alta. Y ese desgaste es el que si se puede nadie quiere asumir.