Cuando se analicen dentro de unas décadas las inversiones del Estado en Catalunya, una de las situaciones, no la única, más escandalosas será la situación de la red ferroviaria, Rodalies, Regionales y el corredor mediterráneo. Gobiernos de uno y otro signo político han sometido a la población catalana a una befa permanente sin que ninguna de las protestas que han llegado desde Catalunya haya traspasado el umbral del cosquilleo de los ministros del ramo. Y, mientras tanto, no pasa semana sin que nos lleguen noticias de incidencias en la red ferroviaria. Este sábado ha habido una más y se han producido las consabidas imágenes de trenes interrumpidos en la vía y pasajeros cambiando de un tren a otro.
A finales del mes de julio, el presidente de la Cambra de Comerç, Miquel Valls, aseguraba que la falta de inversión del Ministerio de Fomento en las infraestructuras estaba poniendo en riesgo la competitividad de Catalunya y del área metropolitana de su capital. En otras ocasiones lo han hecho el Cercle d'Economia, las patronales Foment, Cecot y Pimec, los sindicatos y una lista interminable de entidades. Todos, sin ningún éxito. Y mientras el calendario avanza hacia el 2020, las infraestructuras hacen el camino inverso y cada vez se alejan más del siglo XXI.
Eso sí, una aura de silencio se impone en la clase política española y en sus medios de comunicación. Como si los perjudicados sólo fueran esos catalanes independentistas que quieren romper el Estado. Olvidando incluso que también el País Valencià es un damnificado de esta política letal contra la economía catalana.
El Govern ha llevado a Adif al contencioso administrativo de la Audiencia Nacional dada su inoperatividad y lo más llamativo de todo es ver como después de tantos parabienes a los ministros de Fomento de turno este tema sigue el mismo camino que todos los que afectan a la relación Catalunya-España: los tribunales.