Bulgaria y Eslovaquia. Solo estos dos Estados aparecen detrás de España en la Unión Europea con una peor percepción de independencia judicial por parte de los ciudadanos, según el último barómetro publicado por la Comisión Europea. Aunque siempre ha sido negativa la percepción ciudadana de la independencia judicial, en los últimos años, el Estado español ha ido perdiendo posiciones. Así, por ejemplo, en el año 2013 figuraba en el número 22, de los 28 estados de la Unión. No es, ciertamente, una buena posición, pero tampoco se encontraba en el pódium de los tres peores estados. De hecho, es la peor posición que ha tenido nunca España.
Es obvio que son varios los ejemplos de resoluciones judiciales que han acabado siendo desconcertantes para la población. De algunos, como el caso de la infanta Cristina, se hablará durante años y podría hacerse ya una tesis doctoral sobre la posición de la Fiscalía a lo largo de la vista que desembocó en una simple multa para la hija del rey emérito. "Quizás uno no esperaba una sentencia así", comentaría, una vez conocido el fallo, el juez instructor de Palma, José Castro. O bien, también dentro del juicio del caso Nóos, la libertad sin fianza de la que disfruta su marido, Iñaki Urdangarin, condenado a seis años y tres meses de prisión. En el caso de Catalunya, esta percepción de falta de independencia judicial se ha acrecentado con todas las actuaciones relacionadas con el proceso de independencia.
No son una buena carta de presentación en Europa los datos que ofrece de España esta macroencuesta de la Comisión Europea. Debería ser motivo de alarma y preocupación haber entrado en el túnel del tiempo en una materia fundamental en un estado de Derecho. Pero no será así. Se encontrarán mil y una explicaciones para justificar lo injustificable. Y mientras, el ministro de Justicia, Rafael Catalá, podrá seguir demorando un problema capital de la democracia española: ¿Para cuando una justicia similar a la de países de nuestro entorno? No tendría que ser tan difícil.