La presidenta del Parlament, Carme Forcadell, se sentará este viernes en el banco de los acusados en condición de investigada por los delitos de prevaricación y desobediencia, cargos por los que podría llegar a ser inhabilitada durante un máximo de 17 años, amén de sufrir una importante multa económica. El Estado español eleva de esta manera su pulso a las autoridades de Catalunya con un inequívoco mensaje: seguir insistiendo en el referéndum de autodeterminación y cumplir así la hoja de ruta acordada en el Parlament conduce inevitablemente a la inhabilitación de sus máximos responsables. El hecho de que el juicio a Forcadell sea a todas luces desproporcionado y, sobre todo, con un claro matiz político, ha desencadenado más de una protesta en cámaras legislativas de diferentes países, desplazándose así el foco hacia la fragilidad de la democracia española por trasladar a la vía judicial lo que es a todas luces un contencioso político.

Forcadell llegará a primera hora de la mañana al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya como presidenta del Parlament después de un trayecto de enorme simbolismo en el que habrá estado acompañada de las principales autoridades de Catalunya. Este hecho no es baladí ya que refleja, como en el caso del juicio al ex president Artur Mas, la musculatura del independentismo catalán y su compromiso con los encausados. También de los comunes, cuya máxima dirigente, la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, ha leído en una repleta plaça de Sant Jaume un manifiesto de apoyo que también se ha leído en decenas de municipios de Catalunya. Todo ello, en un momento en que hay abiertos por el proceso soberanista en Catalunya alrededor de 400 expedientes judiciales.

No hay que ser especialmente perspicaz para asegurar que la propaganda de la Operación Diálogo puesta en marcha por el gobierno de Mariano Rajoy, tras su toma de posesión, empieza a hacer aguas incluso mucho antes de lo previsto. Entre otras cosas por la enorme gravedad de la dinámica judicial puesta en marcha por el Gobierno español tendente a amedrentar al independentismo, escarmentarlo e impedir cualquier movimiento. El resultado, sin embargo, dista mucho de ser el previsto: Forcadell pasa de ser la presidenta del Parlament y segunda autoridad de Catalunya a ser uno de sus símbolos políticos. Y el nexo entre el referéndum y la democracia acaba haciéndose imbatible, más allá de leyes tergiversadas o de las libertades recortadas.