El Govern de la Generalitat será puesto a prueba en las próximas horas y no por su apuesta por celebrar el referéndum de independencia que el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha anunciado para el próximo 1 de octubre sino por un hecho puntual pero muy significativo: el previsible fallo del Tribunal Constitucional liquidando la conselleria d'Exteriors y buena parte de sus competencias. Si en el tema del referéndum el Gobierno español ha activado todo su arsenal jurídico para tratar de impedirlo y así, por ejemplo, se ha conocido este martes que el TSJC había admitido la demanda de la Fiscalía por la compra de urnas, en el tema de la conselleria d'Exteriors tan solo ha habido que apremiar al TC para que dé luz verde a la sentencia que anula la capacidad de la Generalitat para realizar política exterior.

Es obvio que el momento escogido para esta decisión no es casual y se produce después de que la acción exterior de la Generalitat ante las cancillerías, los parlamentos respectivos, los medios de comunicación y los sectores políticos e intelectuales haya sido importante. No hay día que Puigdemont o Romeva no reciban de una manera pública o discreta a una delegación extranjera interesada en conocer detalles de cómo va a realizar el Govern el referéndum, reciban a un medio de comunicación extranjero o tengan que informar en las cámaras legislativas de más de un estado de la UE del proceso catalán.

Esta actuación ha molestado enormemente al gobierno de Mariano Rajoy y a los diferentes ministros de Asuntos Exteriores -antes García-Margallo y ahora Dastis- que han tenido que pagar un peaje importante ante sus socios europeos para que prestaran la mínima atención posible a las reivindicaciones del Govern. De ahí que el interés del Ejecutivo español por desactivar la conselleria y sus delegaciones en el extranjero sea máximo y, en reciprocidad, el del Govern sea mínimo. Aunque el Ejecutivo catalán mantiene silencio hasta que el fallo del TC sea comunicado y anunciado públicamente, parece muy difícil que la filosofía del Alto Tribunal sea tenida en cuenta a poco más de tres meses del referéndum. Entre otras cosas, porque si la cuestión es muy golosa para el Gobierno español si se sale con la suya, también lo es para el Govern, que en estos momentos no puede desatender su política exterior por una cuestión que para algunos es de efectividad y para otros de credibilidad.