El anuncio de la Fiscalía de que va a presentar en las próximas fechas una querella contra el Govern después de que haya publicado en el Diari Oficial de la Generalitat (DOGC) la apertura del plazo para que las empresas interesadas en vender urnas a la Generalitat pudieran inscribirse como proveedoras de la Administración autonómica, y presentarse al correspondiente concurso tiene, se mire como se mire, un punto de surrealista. Sobre todo porque lo que uno no puede entender cuesta bastante de explicar. Y, al final, más allá de cualquier otra consideración, cuesta de entender que el comprar urnas acabe siendo un delito. De hecho, según la Fiscalía, un triple delito: desobediencia, prevaricación y malversación de fondos públicos. Desobediencia y prevaricación por incumplir varias sentencias del Tribunal Constitucional relativas a la preparación y organización del referéndum y malversación de fondos públicos porque al estar prohibida la consulta a la ciudadanía, no hay suficiente base legal para destinar a ello dinero público.

En derecho, las cosas no son tan fáciles como en un atril parlamentario o en una tertulia y la urna en sí no puede ser un material cuya compra sea ilegal. En todo caso, lo ilegal será el destino que se les acabe dando y, en estos momentos, no hay ningún referéndum convocado. Porque planteemos la pregunta al revés: si no acaba habiendo referéndum y las urnas sirvieran para unas elecciones autonómicas, ¿ya no habría delito? Es evidente que las medidas que se quieren adoptar son preventivas, a futuro y, como tal, tienen un difícil encaje en el derecho, que precisa de hechos probatorios. Una parte de este debate ya surgió en la discusión entre letrados en el juicio del 9-N, sobre cuya sentencia existen pocas dudas de que un día la acabarán tumbando los tribunales internacionales, como ha sucedido con algunas otras de la justicia española.

Lo que se está dirimiendo en estos momentos es el terreno de juego. Escaldado como quedó el Gobierno español por la consulta del 9-N -cuando actuó lo hizo tarde y mal-, ahora aplica justamente la técnica contraria. Lo que en términos de rugby sería emplear el placaje del adversario cada vez que realiza un movimiento, sea este pequeño o grande. Y, todo ello, prescindiendo del ruido ambiental que haya y que, en buena medida, controla, ya que los altavoces son preferentemente suyos. La única alteración de este guión en las últimas fechas no ha venido de ningún movimiento extraño del ejecutivo de Mariano Rajoy sino de la rapidez con que Carles Puigdemont y Oriol Junqueras han decidido abrir las confrontaciones en el terreno ejecutivo -compra de urnas- y parlamentario -bloqueo de la comisión Santi Vidal-. Este último episodio, con la silenciosa complicidad de la CUP. También, una novedad.