"Europa nos está apretando y necesitamos zanjar rápidamente la rebelión catalana. Ya nos hubiera gustado esperar a después del 1 de octubre pero el gobierno catalán no nos ha dejado otra opción. Ya se lo advertimos, pero ese Puigdemont no nos conoce y es duro como una roca. Ha convencido a todos de que hay que resistir y resistir. Las medias tintas ya no sirven". Con esta contundencia me describe cual es la situación en las calderas del poder político español una persona que maneja históricamente información sensible. "Pero ya habéis perdido el relato en Catalunya, la opinión pública internacional está cada vez más alineada con las tesis del Govern y en España el frente opositor al triunvirato PP-PSOE-Cs se está consolidando", le planteo. "Claro, claro. Catalunya la hemos perdido. Pero si Merkel le pide a Rajoy una vez haya sido reelegida el domingo que solucione el problema catalán y que hay que hablar porque la estabilidad europea es sagrada, tenemos un problema. Un serio problema. Y eso pasará si no sofocamos la revuelta que hay en Catalunya y seguimos saliendo cada día en los periódicos de todo el mundo. Todos son amigos nuestros pero Europa no va a aceptar nuestra posición con muchos de sus medios hablando de que la solución sería que acordáramos un referéndum".

Este diálogo sirve, seguramente, mucho más que cualquier análisis para explicar el doble salto mortal del Gobierno español en las últimas horas: por un lado, poner encima de la mesa del Consejo de Ministros el delito de sedición a partir de "las manifestaciones tumultuarias de este miércoles ante la conselleria de Economia y el jueves y viernes ante el TSJC y en la Ciutat de la Justícia de Barcelona". Pocos minutos después de que el ministro Méndez de Vigo como portavoz del Ejecutivo planteara este escenario en la Moncloa, se conocía la denuncia de la Fiscalía de la Audiencia Nacional muy claramente orientada a que los hechos reseñados sean considerados "constitutivos de un delito de sedición  de acuerdo con el artículo 544 y siguientes del Código Penal". Este escrito perfila el perímetro al que va dirigido en primera instancia y que abarca a los presidentes de la ANC y Òmnium, Jordi Sànchez y Jordi Cuixart. El juez de la AN que llevará el caso será Ismael Moreno.

El segundo movimiento es la toma del control de hecho del orden público en Catalunya. El ministro Zoido ha ampliado hasta 7.000 los efectivos que desplazará a Catalunya con la mirada puesta en el 1 de octubre y que sumados a los 6.000 existentes eleva el número de guardias civiles y policías nacionales a 13.000, cuatro mil menos que el número de Mossos d'Esquadra y, según el ministerio del Interior, una cifra más que suficiente para que el control de los colegios electorales no deba ser compartido con la policía catalana. El movimiento del Gobierno español tiene dos sus riesgos: su resultado es incierto, sobre todo si las concentraciones en los colegios electorales son muy importantes y, por otro lado, también han surgido detractores, puesto que en un momento en que la alerta terrorista está en nivel 4 una parte del territorio español queda con efectivos bajo mínimos. 

Son muchos los que creen que el Gobierno español se ha sentado encima de un barril de pólvora con su política represiva. Lo sorprendente es la escasa energía que emplearon en la tan cacareada seducción con la Operación Diálogo y lo cómodos que parecen encontrarse con la Operación Tumulto. Quizás porque siempre desearon que el final fuera este. Emplear la fuerza contra el independentismo. Con lo que no contaban, seguro, era con un Govern que no se arrugaría.