Un día no muy lejano sabremos detalles que nos aterrarán aún más de la denominada Operación Catalunya, la cual, se quiera o no, pone en jaque, al menos, la actuación de políticos y policías pero que acaba salpicando a otros estamentos como el periodístico y el judicial. Las comparecencias que se están llevando a cabo en el Parlament de Catalunya agrietan por las cuatro esquinas el comportamiento del Estado de derecho y es preocupante que el Congreso de los Diputados haya bloqueado un debate así en un consenso inquietante de PP, PSOE y Ciudadanos. ¿Acaso han actuado en aras de acabar con el independentismo tantas cloacas del Estado que lo mejor es que no se abra ni tan siquiera una investigación a fondo?

El exjuez Elpidio Silva ha hablado en el Parlament de una trama de espionaje político que supera cualquier espacio legal de un Estado de derecho y que se rige por aquello de "al amigo el favor, al enemigo la ley". El periodista Ernesto Ekaizer la ha definido como una dinámica de Estado basada en una política criminal. Y el colectivo de juristas Drets se ha querellado contra cuatro agentes de la policía española. Todo en el mismo día y ante la indiferencia del ministro del Interior y de los tres grupos parlamentarios citados anteriormente. Pero es que han pasado más cosas: se ha abierto un cráter en la Fiscalía Anticorrupción que no se sabe donde acabará cuando se ha conocido que su máximo responsable, Manuel Moix, poseía el 25% de una sociedad radicada en Panamá. El Gobierno se ha limitado a decir que lo ve "feo". 

En este marco de explosión incontrolada de noticias que salen a la luz y que afectan directamente al Partido Popular quizás no sea tan extraño que el Gobierno se refugie hablando de golpes de estado y de golpistas. Que jueguen a despistar con todos los servicios del Estado a su alcance mientras se enarbola como señuelo la bandera de la unidad de España y la prensa de papel pide a Rajoy que actúe en consecuencia y que, si se trata de un golpe de estado, se persiga a los golpistas. La diputada del PDeCAT Míriam Nogueras se lo ha dicho a la ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal, en el Congreso: "¿Si yo fuera una golpista podría estar aquí o tendría que estar detenida? Pídame perdón". Y abandonó el hemiciclo sin problemas. Eso sí, entre murmullos.