La asunción de las competencias de los Mossos d'Esquadra por parte del gobierno español saltándose todo el marco legislativo, entre otros el Estatut d'Autonomia que tanto dice defender, es el último movimiento del ejecutivo de Mariano Rajoy tendente a desarmar la Generalitat y zanjar lo antes posible cualquier respuesta del Govern y que desista del referéndum del 1 de octubre. La noticia de la Policía catalana no por muchas veces comentada en los últimos meses deja de ser de una gravedad enorme en la forma y en el fondo. En la forma porque carece de base jurídica de la manera que se intenta realizar y en el fondo porque los Mossos se han ganado un prestigio profesional durante estos años para que se pretenda ahora tomar el control político del cuerpo. Porque, de hecho, por más que se pretenda disfrazar es eso y no otra cosa: el mando no dependerá de la Generalitat sino del Ministerio del Interior.  

Como ya pasó con la asunción del presupuesto de la Generalitat por parte del ministro Montoro, que se hizo mediante una orden publicada en el BOE y no abordando de frente lo que supone una medida tan extrema que liquida la autonomía financiera de la Generalitat, y que obliga a desarrollar el artículo 155 de la Constitución, con la Policía catalana ha vuelto a repetirse la jugada. En este caso es la Fiscalía la que ordena que las funciones de dirección del cuerpo recaigan, en lo relacionado con la prohibición del referéndum, en el Ministerio del Interior. "El mando supremo de los Mossos corresponde al gobierno de la Generalitat", dice el Estatut d'Autonomia en su artículo 164 apartado 2, "así como la coordinación de la actuación de las policías locales".

Es obvio que con esta medida lo que se intenta es quebrar el principio de estructura jerárquica en el cuerpo de Mossos d'Esquadra. De la misma manera que se ha orientado todo hacia el desacato como la figura jurídica con la que se pretende juzgar en el futuro a los presidente de la ANC y Òmnium, como responsables de unos tumultos que nunca se produjeron como tales y que no merecen tal calificación penal, ahora se intenta que la policía autonómica actúe directamente contra el Govern, los funcionarios, los partidos políticos, las asociaciones, los voluntarios y quien sabe si incluso los votantes el próximo domingo.

El Estado ha puesto en jaque las instituciones catalanas sin escatimar medios para ello. El president de la Generalitat es la principal pieza a cobrarse, pero con él toda una generación de políticos independentistas. El uso de la fuerza en la proporción actual no está haciendo otra cosa que aumentar la sensibilización de la pérdida de libertades que se están produciendo en Catalunya tan solo por querer votar el día 1. Mientras, uno ve las televisiones de Madrid y tiene la impresión que está viendo el NO-DO. Y que la respuesta catalana no acabará siendo la que esperan en Madrid. Pero eso, ya es un clásico.