Como en una novela de intriga por capítulos, pocas horas antes de que se inicie el juicio conocido como el cas Palau y que se celebra cuando han transcurrido casi ocho años de la entrada de los Mossos d'Esquadra en el sancta sanctorum de la burguesía catalana, el Palau de la Música, Jordi Montull, el número dos de Fèlix Millet, ha hecho público que ha ofrecido a la Fiscalía salvar a su hija con una pena mínima a cambio de aportar información que implique a Convergència. Para Gemma Montull, ex directora financiera del Palau, el fiscal pide 26 años de prisión y las dos partes estarían negociando una pena simbólica para la hija del número dos de Millet si colabora con el Ministerio Fiscal. En el tiempo que ha durado la instrucción del sumario, Montull ha negado una y otra vez que Convergència hubiera recibido a través del Palau comisiones por obra pública; una versión de la que ahora se desdiría.

Aunque se esperaba desde hace semanas este acuerdo, el anuncio da al denominado cas Palau una nueva dimensión, al menos a priori. Sobre todo porque el juicio debe aclarar además del expolio de la institución, cuánto dinero acabó en los bolsillos de Millet y Montull y si hubo desviación irregular, como sostiene el Ministerio Fiscal, de dinero de la constructora Ferrovial hacia Convergència Democràtica a través del extesorero del partido, Daniel Osàcar. El fiscal pide para Osàcar siete años y medio de prisión como mediador en el supuesto pago de comisiones, mientras el partido siempre ha defendido una actuación acorde a derecho.

El juicio llega obviamente tarde ya que son del todo inexplicables las vicisitudes que ha sufrido todo el procedimiento judicial. Hasta seis jueces diferentes han estado al frente de la instrucción, extraordinariamente lenta y que ha provocado un enorme malestar social. Primero por la impunidad de Fèlix Millet, que ha sido visto durante este tiempo en todo tipo de situaciones, mientras la opinión pública no entendía por qué no ingresaba en prisión. Este caso también sería válido para Montull. Pero es evidente que el sumario del cas Palau ha tenido también consecuencias devastadoras para Convergència, al menos, en el terreno político. Ya las tuvo cuando Pasqual Maragall afirmó desde la tribuna del Parlament que CDC tenía un problema y que se llamaba 3% y el cas Palau solo hizo que alimentar las palabras del president.

Lo cierto es que para la antigua CDC hoy renovada en una nueva formación, el PDeCAT, el resultado final del juicio no va a ser indiferente. Muchas cosas y muchas personas son las que están en juego.