La primera jornada del juicio del denominado cas Palau tuvo un primer acusador y un primer acusado. Tanto la declaración del expresidente del Palau de la Música Fèlix Millet como la que se produjo a continuación, la de la ex directora general de la institución, Gemma Montull, hija del otro principal acusado, Jordi Montull, señalaron directamente a Convergència Democràtica de Catalunya como la formación política que recibía el dinero de la constructora Ferrovial a cambio de la adjudicación de obra pública de la Generalitat. Millet y Montull lo aseguraron en varios momentos de sus respectivas declaraciones, con detalles nada banales, como que incluso el extesorero de la extinta CDC, Daniel Osàcar, aportaba facturas del partido que pagaba directamente el Palau de la Música y se contabilizaban como un gasto interno de la institución.

El mecanismo descrito por Millet era aparentemente sencillo: alrededor del 4% de la obra adjudicada a Ferrovial, la constructora de Rafael del Pino, acababa en las arcas del Palau de la Música. De este porcentaje, el 2,5% era para CDC, el 1% para Millet y el 0,5% para Jordi Montull. Así, según Millet, durante muchos años y por muchas obras. Es evidente que las acusaciones siempre hay que probarlas y que Millet es un ladrón confeso que busca la mejor condena para él (el fiscal le pide 27 años de prisión), como sucede con Gemma Montull, para quien el Ministerio Público reclama 26 años de cárcel. Pero hecha esta salvedad y pese a que el juicio no ha hecho más que empezar, el impacto político de la primera jornada de la vista pública es importante, dada la gravedad de las acusaciones, y el daño a la credibilidad y la reputación de la formación política no es menor.

Es muy probable que en los próximos días esta sensación de tsunami político no solo no disminuya sino que se incremente. A destacar, por ahora, dos ejemplos que van en dirección contraria. El primero, la petición de comparecencia en la comisión correspondiente del Parlament formulada por diferentes grupos de la Cámara tanto del president Carles Puigdemont como del expresident Artur Mas y del exconseller y diputado Germà Gordó. El primero de ellos ya abordó este miércoles directamente la cuestión asegurando que su Govern no forma parte de ninguna trama de corrupción y que es un ejecutivo absolutamente limpio. El segundo afecta a la cohesión del gobierno entre el PDeCAT y Esquerra Republicana. Aunque las capas de protección para que no le afecte son reales, cualquier pronóstico que se pueda hacer es precipitado. Dependerá también de la respuesta pública que los acusados ofrezcan. Porque, de hecho, el juicio no ha hecho más que empezar.