Habría que rebuscar en los papeles de la Cambra de Comerç para encontrar una repulsa tan contundente a un presidente del gobierno español como la que ha llevado a cabo el presidente de la institución catalana, Miquel Valls, denunciando las continuas promesas incumplidas por parte del Ejecutivo del Partido Popular con Catalunya. La promesa de "lluvia de millones" anunciada por Mariano Rajoy en Barcelona el pasado 28 de marzo es, casi cuatro meses después, a juicio de Valls, un augurio que no se podrá cumplir, porque ni están en marcha los proyectos realizados, ni las tramitaciones administrativas, ni la gestión de contratos para que la inversión de 1.000 millones anuales pueda llevarse a cabo. O sea, punto y final. O, como dice Valls de manera más elegante, "los políticos prometen cosas que no son realizables y no se pueden cumplir".

La tarjeta roja sacada por la Cambra es significativa ya que se trata de una institución poco proclive a ser foco de atención y a buscarse un enfrentamiento con los gobiernos respectivos, sea el de Catalunya o el de España. Aunque la Cambra ya fue escéptica después del anuncio de Rajoy ha querido dejar pasar unos meses para confirmar que este año no sería diferente de años anteriores y los presupuestos generales del Estado mantendrían una situación no muy distinta en lo que respecta a Catalunya y la ejecución de las cuentas en lo que se denomina las inversiones territorializadas. Porque la discrecionalidad del Ministerio de Fomento en la ejecución de una obra es tan alta que hay que pasar, como si dijéramos, dos obstáculos. El primero es que se reconozca el peso del PIB catalán y la población en la inversión, cosa que pocas veces se consigue. Superado este trámite, viene la segunda parte: que lo que está escrito en los presupuestos se cumpla. Y esto ya es harina de otro costal: nunca se llega a cumplir, aunque en ocasiones el bochorno sea tan alto y las cifras tan escandalosas. Según la intervención general del Estado en 2015, en Catalunya se ejecutó el 70,8% de la inversión prevista. En Madrid fue del 127% y en Andalucía del 101%.

Es comprensible que el Estado no quiera plantear un debate serio sobre el referéndum que dice que no autorizará y no se celebrará. Y que se limite a hablar de pensiones, que es el capítulo que más asusta a la ciudadanía aunque la gran mayoría de economistas de prestigio aseguran que los jubilados no tienen que preocuparse por cobrarlas en una Catalunya independiente. Pero lo que se considera hoy por hoy problemas reales de los ciudadanos son estos y muchos derivan de los presupuestos del Estado y no de los de la Generalitat. La situación, francamente es muy mejorable. En el primer caso, la simple ejecución de lo pactado ya cambiaría muchas cosas, y, en el segundo, una financiación más justa también. Y esas dos últimas cosas no son un problema de independencia. Ni tampoco de una reunión de presidentes autonómicos. Tan solo se trata de ser algo menos tramposos.