Con la presentación de las 20 páginas de la Ley del Referéndum de Autodeterminación que será aprobada por el Parlament en verano, en una fecha que no se ha dado a conocer, y el anuncio simultáneo de que el Govern estaba iniciando un proceso de compra directa de las urnas para el 1 de octubre, la maquinaria de la coalición gobernante en Catalunya y la mayoría parlamentaria que le da apoyo -JxSí y la CUP- ha empezado a desvelar las cartas con las que piensa movilizar a la ciudadanía para acudir a las urnas. La ley recoge en un preámbulo, 34 artículos, una disposición adicional y dos disposiciones finales, el entramado jurídico para garantizar la legalidad de la consulta y la vigilancia internacional de los resultados que se produzcan. También recoge las consecuencias políticas de una victoria del sí y de una victoria del no ya que el resultado será vinculante. En el primer caso, en las 48 horas posteriores a la proclamación oficial de los resultados, el Parlament celebrará una sesión ordinaria para efectuar la declaración formal de independencia de Catalunya; en el segundo caso, se convocarán de inmediato elecciones autonómicas.

Para aquellos que pudieran tener alguna duda sobre la voluntad del Govern que encabezan el president Puigdemont y el vicepresident Junqueras el camino hacia el referéndum del 1 de octubre ha dado un paso de gigante. Las últimas horas, solo han hecho que certificar la irreversibilidad del camino hacia el referéndum. El doloroso cese para el president Puigdemont del conseller de Empresa i Coneixement, Jordi Baiget, por unas declaraciones inaceptables en el momento político actual y el acto público de este martes en el TNC de unidad de la mayoría independentista no son otra cosa que un aviso nítido de lo que sucederá en las próximas semanas. El camino hacia el referéndum no se va a detener. En todo caso, será detenido. Y sobre eso último, cada vez hay más dudas de que realmente pueda ser así.

Es obvio que el Gobierno español se encuentra en un atolladero importante, con una parte nada despreciable de la comunidad internacional, expresada a través de los medios de comunicación, que comparte el derecho de los catalanes a votar en un referéndum de independencia. No deja de ser llamativo, por ejemplo, que, con muy pocas horas de diferencia, desde el Gobierno español se recuerde que el Ejército está para garantizar la unidad de España o que se tilde a Puigdemont de fascista, con la misma ligereza que semanas atrás se hablara de golpe de estado del Govern, y en el Parlamento de Westminster se de una calurosa bienvenida por parte del speaker a la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, en visita oficial a Londres. Las comparaciones siempre son odiosas, pero ¿alguien se imagina una situación así en el Congreso de los Diputados? La misma cámara legislativa que impide al president Puigdemont que acuda a hablar si previamente no acepta ser revolcado por los diputados españoles en una votación.

La soberbia es siempre mala consejera. Y la inacción acaba siendo la semilla de la derrota.