El Tribunal Constitucional cumplió este lunes el trámite de suspender a petición del Gobierno de Mariano Rajoy la reforma del Reglamento del Parlament de Catalunya. Aunque el TC actúa, en este caso, de acuerdo a lo que señala la legislación vigente, que establece, con carácter general, que cualquier petición de suspensión de una norma autonómica por parte del Gobierno es automática hasta que haya un pronunciamiento definitivo del Constitucional, vale la pena detenerse unos instantes en la arbitrariedad de la decisión.
Se suspende un reglamento que está en vigor en el Congreso de los Diputados y en catorce parlamentos autonómicos. Dándose así la paradoja de que el llamado procedimiento express para la tramitación legislativa se permite en unas cámaras legislativas y se prohíbe en otras. De hecho, el reglamento en sí es poco importante y, por eso, nunca antes fue recurrido. El Gobierno lo que hace es bloquearlo, como está haciendo con todas las leyes, para impedir que sea utilizado para el referéndum del 1 de octubre.
Queda claro en la exposición de los motivos de suspensión por parte del TC y en la advertencia que efectúa: "Se advierte del deber de impedir o paralizar cualquier iniciativa que suponga ignorar o eludir la suspensión acordada. En particular, que se abstengan de iniciar, calificar, introducir en el orden del día de cualquier órgano del Parlamento de Cataluña y en general de dictar acuerdo alguno que implique la tramitación de una proposición de ley por el procedimiento de lectura única". O sea, la Presidencia, la Mesa y los diputados del Parlament quedan advertidos.
Unas horas antes, Junts pel Sí y la CUP entraban en el registro del Parlament la Ley del referéndum que ha de permitir la consulta del 1 de octubre y que debe ser tramitada por la Mesa a partir de la segunda quincena de agosto. El TC cierra todos los caminos y el Govern, JxSí y la CUP siguen el camino trazado. Así, se cierra el mes de julio. Y faltan 61 días para el 1-O.