"El coste acumulado" de los recursos públicos utilizados por el rescate bancario del sector financiero español es de 60.718 millones de euros durante los ejercicios de 2009 a 2015. Según ha publicado el Tribunal de Cuentas, a iniciativa propia, en el Informe de fiscalización del proceso de reestructuración bancaria, el principal componente de este coste son los 46.021 millones de aportaciones de capital y cuotas participativas. Se trata principalmente de aportaciones públicas del Fondo de Reestructuración Bancaria (FROB), de los tres fondos de garantía de depósito que fueron sustituidos el 15 de octubre del 2011 por el Fondo de Garantía de Depósitos de Entidades de Crédito y el mismo Banco de España como entidad supervisora del sistema bancario.

Aunque esta cifra no se puede considerar como definitiva ya que el Estado a través del FROB todavía controla el 66% de Bankia y el 65% de BMN, sí que se prevé que no se pueda recuperar su totalidad. "La venta de acciones de entidades en que el FROB todavía participaba al 31 de diciembre de 2015 puede provocar un incremento o disminución del importe citado", añade el Tribunal presidido por Ramón Álvarez antes de concretar que los recursos públicos "comprometidos" en la reestructuración bancaria ascienden hasta los 122.122 millones.

Más concretamente, "los procesos que han supuesto un coste mayor" son: CatalunyaCaixa (12.676 millones), Bankia/BFA (12.347 millones), Caja de Ahorros del Mediterráneo (11.065 millones) y Novacaixagalicia (9.159 millones). Por lo tanto, el rescate de la CatalunyaCaixa de Narcís Serra y Adolf Todó (juzgados por un delito de administración desleal a causa de sobresueldos) y el rescate de la Bankia de Rodrigo Rato (juzgado por delitos fiscales) han costado prácticamente lo mismo. En este sentido, el actual presidente de Bankia, José Ignacio Goirigolzarri, matizó en su intervención en el Cercle d'Economia que "no se rescata un banco, se rescata a sus dipositarios." Ni accionistas ni banqueros ni tan siquiera trabajadores sinó, al fin y al cabo, dipositarios.  

"Insuficiencias o deficiencias"

En el informe, el Tribunal de Cuentas también ha señalado "insuficiencias o deficiencias" en el proceso de fiscalización y en concreto, en la tramitación de los contratos. Un hecho que ha impedido que "quedara acreditado el cumplimiento íntegro de los principios que rigen la contratación del FROB".

Así, destaca que el FROB "no definió un procedimiento para imputar los ingresos, los gastos y los costes" en los que se incurrió en cada proceso de resolución, algo que le habría permitido "el cumplimiento sin restricciones" de la ley. A lo que también concreta: "una interpretación menos restrictiva habría conducido al FROB a deducir y retener importes mayores de los efectivamente deducidos y retenidos en los casos de Caja Rural Comarcal Mota del Cuervo, CX y NCG. Al margen de los casos anteriores, los gastos incurridos por el FROB en la transmisión del Banco Gallego y del Banco de Valencia no pudieron ser recuperados por el FROB al ser el precio de venta de ambas entidades de un euro".

Por si no fuera poco, también critica que el FROB anticipó due diligence de las entidades antes de que estas pidieran formalmente apoyo financiero, lo que ha supuesto en conjunto un coste de 1,4 millones "innecesarios". Otra considerada deficiencia es la contratación de una línea de crédito de disposición inmediata de 3.000 millones por un periodo de 2 años para atender situaciones de urgencia. Como recomendación a todo ello, el Tribunal propone aprobar un documento con reglas básicas del proceso de venta de entidades afectadas por la reestructuración así como un sistema de contabilidad analítica "que permita conocer de forma directa e inmediata" los recursos aplicados.