El Gobierno remitió la semana pasada a Bruselas la posibilidad de cerrar los presupuestos de 2016 este mes de julio, cuatro meses antes de lo normal. La medida, que busca evitar la inminente multa de 2.100M€ por parte de la Unión Europea, por el incumplimiento del déficit de España, ha puesto en pie de guerra al PSOE, en medio de las negociaciones para la investidura de un nuevo presidente.

Los socialistas piden explicaciones, y las quieren rápido. Tanto es así que han pedido la comparecencia urgente del ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, en el Congreso. El diputado Pedro Saura ha asegurado a El Nacional que si se produce buscaran aclarar en qué consiste la medida, sus afectados y su cuantía total. En cualquier caso, temen, de la misma forma que la UGT, que esto paralice la administración a mitad de año.

De momento, no prevén que el ejecutivo de Mariano Rajoy dé marcha atrás, en lo que entienden que es una “orden” europea. Critican que los populares “hayan bajado los impuestos a las rentas más altas”, y ahora paguen “justos por pecadores”. Y es que para Saura, la principal consecuencia de la decisión va a ser “un recorte en el Estado del Bienestar”.

En conclusión, “han engañado (con la previsión del déficit) para aparentar”, lamenta el diputado, y “Europa no se cree ya ni un solo número”. Para los de Pedro Sánchez, la vía hubiera tenido que ser la negociación con la UE a base de “horizontes creíbles”, con una propuesta de reforma fiscal hacia las clases más altas. 

Triquiñuela

El trampeo del ejecutivo de Mariano Rajoy se ha justificado bajo el concepto de que permitirá ahorrar 1.000 millones, pero la Autoridad independiente de Responsabilidad Fiscal (AiReF) tiene sus dudas. Considera esta estimación poco factible por “tratarse de una contención adicional muy difícil de cuantificar” y critica “la falta de exigencia” de la disciplina presupuestaria.

El organismo tiene claro que el 2016 va a cerrarse con un déficit de entre el 4,1% y el 4,7%, diferencia que dependerá de la aplicación estricta de los acuerdos de no disponibilidad aprobados cifrada en 2.000 millones y del aumento del pago fraccionado del Impuesto de Sociedades a un tipo mínimo del 20%.

Incluso en el mejor de los casos, el Gobierno en funciones volvería a incumplir el objetivo de déficit del 3,7% por culpa principalmente del desvío de la Administración Central y la Seguridad Social. En este sentido, la Autoridad fiscal defiende que se cree un mecanismo de control mensual de las cuentas y que se remitan estos informes a las Cortes.

Quedan sólo seis días para que la Comisión Europea decida la cantidad exacta de la sanción, y el Ejecutivo central sigue confiando en que se le aplique la llamada multa cero que no va más allá de una sanción de carácter simbólico. Pero detrás de la falta de "medidas eficaces" que Bruselas recrimina al Gobierno en funciones de Mariano Rajoy, la situación es aún mucho más grave.

La caja, a cero

Y de hecho lo es porque en pleno mes de julio, España ya ha alcanzado el déficit que tenía asignado para todo el año y esto deja al país en una situación sin margen ni dinero. El Airef asegura que las cuentas públicas han sufrido un "deterioro progresivo" desde abril y dan "una vida muy corta" al objetivo de déficit.

Sólo así se pueden entender las decisiones a la desesperada tomadas por el Gobierno español en las últimas semanas. Inicialmente, avanzó el primer plazo del impuesto de sociedades para elevar la recaudación en 6.000 millones y controlar así el déficit público.

De poco sirve esta medida si durante la campaña del 26-J, Rajoy desafía a Bruselas y promete que "si los ingresos tributarios siguen subiendo, como está sucediendo hasta ahora, podemos plantear otro recorte de impuestos". La recaudación fiscal está cayendo y según el Airef, el impacto negativo de la reforma tributaria, tanto en el impuesto de Sociedades como en el IRPF ha sido "superior al estimado".

Al final, el resultado es que la cartera de España está vacía. Por ello, la Tesorería General de la Seguridad Social ha tenido que recurrir a los Fondos de Reserva para liquidar el IRPF de las pensiones. Y no lo ha hecho una vez sino dos este mismo mes de julio mediante la extracción de 8.700 y 1.000 millones. España ya no tiene dinero en efectivo y la única bala que le queda en la recámara es seguir gastando lo que le queda en la hucha de sus hijos y esperar que Bruselas sea comprensiva y le aplique una sanción nula.