La Generalitat tendrá que devolver entre 2017 y 2018 un total de 9.447 millones de euros por los préstamos que ha ido solicitando al Estado desde 2012, cuando se adherió al Fondo de Liquidez Autonómico (FLA) y a otros mecanismos extraordinarios de provisión de liquidez a las comunidades. Según datos facilitados a Efe por el Departament d'Economia de la Generalitat, este es el importe total de las amortizaciones de estos préstamos -buena parte de los cuales vinculados al FLA- correspondiente a 2017 y 2018. En concreto, la Generalitat tendrá que devolver 3.992,9 millones en 2017 y 5.454 millones el año que viene.

El FLA

En 2012, poco después de solicitar el rescate para la banca española a la UE, el Estado creó el llamado Fondo de Liquidez Autonómico. Con la prima de riesgo disparada, las comunidades vieron cerrado su acceso a los mercados, y el entonces conseller de Economia de la Generalitat, Andreu Mas-Colell, reclamó con insistencia la creación de unos "hispabonus", una especie de emisiones conjuntas de deuda del Estado y las comunidades con la garantía del Tesoro Público. Finalmente, el Gobierno español optó por crear el FLA, un mecanismo de provisión de liquidez a las comunidades gestionado por el Instituto de Crédito Oficial y que consistía, en la práctica, en que el Estado se endeudaba en lugar de las comunidades y después les prestaba el dinero. Así pues, las comunidades adheridas al FLA firmaron durante varios ejercicios préstamos a diez años con el Estado para cubrir el déficit generado durante los años de la crisis y para poder atender así los servicios sociales básicos. Estos préstamos se concedieron con los dos primeros años de carencia, pero pasado este periodo las comunidades han debido empezar a amortizar capital.

La difícil recuperación

La recuperación económica ha hecho aumentar la recaudación fiscal en los últimos años y las comunidades han podido reducir poco a poco sus niveles de déficit, pero de momento siguen dependiendo del FLA, aunque Catalunya ya ha empezado a tantear el terreno para volver a emitir deuda. Todos estos factores han hecho, en la práctica, que parte del dinero que ahora se reclama al FLA -la Generalitat pidió este año 7.345 millones- esté ya utilizándose para devolver los recursos solicitados en años anteriores a través de este mismo mecanismo. En 2017, por ejemplo, las amortizaciones del FLA ascienden a 3.992,9 millones de euros, de los cuales 833,1 millones corresponden al FLA de 2012; un total de 1.351,8 millones al FLA de 2013; 989,1 millones al de 2014 y 818,9 millones a los mecanismos de pago a proveedores. En 2018, la "factura" del FLA se elevará hasta los 5.454 millones de euros, de los cuales 833,1 millones corresponden a la amortización del FLA de 2012; 1.351,8 millones al FLA de 2013; 989,1 millones al FLA del 2014; 1.411,5 millones al de 2015; 49,6 millones al llamado FLA social y otros 818,9 millones a los mecanismos de pago a proveedores.

Intereses excesivos

Además de amortizar capital, la Generalitat ha pagado en intereses asociados al FLA un total de 1.950,7 millones de euros entre 2012 y 2016, y estima que abonará unos 384 millones este año. En los últimos años, la Generalitat se ha quejado de que, durante la mayor parte de ejercicios que lleva en vigor el FLA, haya tenido que pagar un interés extra al pagado por el Estado por colocar su deuda, y ha denunciado que el FLA es fruto de las carencias del actual sistema de financiación autonómica.

Deuda en manos del Estado

Con este escenario de fondo, tanto el Gobierno como las comunidades han empezado a abrir el debate sobre el futuro del FLA como mecanismo de provisión de liquidez a las comunidades y sobre la deuda asociada a él, ya que, en el caso de Catalunya, un 66% de su deuda, que se sitúa en los 75.098 millones, ya está en manos del Estado.