La denuncia ante la Comisión Europea (CE) del acuerdo sobre la reforma del peaje eléctrico pactada entre el PP y el PNV ha sido registrada por el Síndic de Greuges de Catalunya a raíz de una queja formulada en junio por empresas catalanas. La denuncia del Defensor del Pueblo Catalán se basa en que "la medida constituye una ayuda de Estado" y es que el acuerdo entre PNV y PP preveía la modificación en 2018 de la tarifa eléctrica, un cambio que afecta a unas 1.250 sociedades del conjunto del Estado, alrededor de 800 de Euskadi.

El acuerdo presupuestario de 2017 entre el Gobierno del PP y el PNV incluyó la eliminación de la tarifa del peaje de acceso a líneas de alta tensión de entre 25 y 30 KW, utilizada sobre todo por empresas vascas, y su inclusión en otro apartado tarifario, lo que se calculó que supondría un ahorro de unos 50 millones de euros para las industrias vascas afectadas. Cinco patronales catalanas se quejaron de ese cambio tarifario, tras lo que se ha decidido denunciarlo ante la Comisión Europea.

"Corregir una discriminación"

El viceconsejero vasco de Industria, Javier Zarraonandia, ha confirmado que la Comisión Europea ya ha abierto la investigación y ha explicado que el acuerdo "de ninguna manera puede considerarse como una ayuda pública o una ayuda de Estado", ya que su objetivo es "corregir una discriminación histórica" que supuso en 2013 "un sobrecoste de 100 millones de euros para la industria vasca". No se trata, ha insistido, de "un trato de favor a la industria vasca" ni posiciona a las empresas de Euskadi en situación de ventaja, sino que simplemente "las homologa respecto a otras industrias del Estado".

De hecho, el viceconsejero ha explicado que de este cambio de tarifa se beneficiarán también empresas de otras comunidades como Navarra, Cantabria, Asturias y Andalucía. Sin embargo, las empresas catalanas, en general, no se benefician por el acuerdo "porque están conectadas a un nivel de tensión de 25 KW"."Nosotros tenemos que defender los intereses de la industria vasca y la Generalitat tiene que defender los intereses de las empresas catalanas y no perjudicar a los demás", ha agregado. 

Por su parte, el Ministerio de Energía considera que la eliminación de la tarifa del peaje no vulnera la competencia. Fuentes del ministerio han indicado que no privilegia a unas zonas de España respecto a otras, pues afecta no sólo a empresas del País Vasco, sino también de Asturias, Cantabria, Castilla y León, Navarra y parte de Andalucía.

La denuncia de Cecot

El secretario general de Cecot, David Garrofé, ha celebrado la denuncia y ha anunciado que desde la patronal vallesana se está trabajando en una denuncia que también se presentará a la Comisión Europea para que estudie "si han existido ayudas de Estado en el ámbito de las tarifas energéticas", y ha calificado de discriminación el pacto alcanzado por ambos partidos. También han preparado un documento que se presentará próximamente en el que se muestre "las desventajas de la tarifa eléctrica en Catalunya" para que se adhieran más grupos empresariales e industriales, ya que consideran negativo que se pague más por la energía en una comunidad autónoma que en otra.

"Entendemos que el problema energético de España lo tiene en la distribución de los costes, y por ello es necesario una revisión en profundidad", ha dicho Garrofé. Según el secretario general de Cecot, la industria del País Vasco, Madrid y Valencia tendrá un descuento del 16% en la tarifa eléctrica a partir de 2018, mientras que las instaladas en Catalunya pagarán un 14% más.