El conseller d'Empresa i Coneixement de la Generalitat, Jordi Baiget, ha calculado que alrededor de 4.500 empresas catalanas saldrán perjudicadas de los cambios propuestos por el ejecutivo central en el Impuesto de Sociedades. O lo que es lo mismo, la mitad de las españolas, que según los cálculos de Montoro son 9.000. La conselleria catalana no descarta que la cifra sea mayor ya que el Gobierno central ha contabilizado las compañías por grupos empresariales y no por sus distintas filiales. 

Más concretamente, Baiget ha alertado de que esta modificación puede perjudicar su competitividad porque supone una reducción imprevista de su tesorería. Tras el anuncio del Consejo de Ministros acerca de un tipo mínimo del pago fraccionado del 23% en el Impuesto sobre Sociedades para las empresas que facturen más de 10 millones de euros anuales y que "no tiene plazo de caducidad", Baiget ha criticado que la medida llega en mitad del ejercicio.

Un Gobierno en funciones

La nueva medida se tendrá que aplicar a partir del 20 de octubre. A lo que ha añadido que la Generalitat analizará "si, desde el punto de vista constitucional o legal, un Gobierno en funciones puede aplicar una reforma tributaria con efectos directos en el mismo ejercicio".

En este sentido, ha considerado que "sería bueno" que el Congreso no aprobase este decreto ley del Gobierno en funciones, y ha reprochado que supone un "préstamo obligado" de tipo cero de las empresas al Estado, que aportará más de 8.000 millones de euros que no se destinarán a mejorar la competitividad ni el Estado del Bienestar, sino a enjugar el déficit público. Una modificación que además ha asegurado que puede perjudicar la actividad futura de las empresas afectadas al reducir su tesorería, que además tendrán que avanzar el 23% de su resultado contable en un año impositivo. Desde empresas industriales hasta comercializadoras y exportadoras. 

"Desleal, confiscatorio y desproporcionado", según Pimec

Las reacciones de los agentes económicos no se han hecho esperar. Uno de los primeros ha sido la patronal catalana Pimec, que lo ha calificado de "desleal, confiscatorio y desproporcionado" y es que en su opinión, con el nuevo impuesto, "el ejecutivo pretende cuadrar sus cuentas".

Más concretamente, Pimec ha tildado de "desleal" esta medida ya que pretende mejorar la tesorería de la administración y disfrazar el déficit público, a cargo, entre otros, una gran mayoría pymes. Una muestra más de la falta de previsión que soportan las pymes y que pone de manifiesto el "desconocimiento y desprecio" hacia este colectivo.

Además, aunque se habla de una medida dirigida a las grandes empresas, la patronal recuerda que el umbral fijado supone la afectación de medianas empresas y parte de las consideradas pequeñas, por su estructura de personal y recursos. En esta misma línea, la patronal ha denunciado que las cantidades tributarias en exceso no se recuperarán, en el mejor de los casos, hasta febrero de 2018 y "este préstamo de las empresas a la administración no comporta ningún tipo de interés que compense el agravio".

Cecot critica el "injusto" aumento de pagos

Cecot, otra patronal catalana, ha calificado de "injusto" el incremento de pagos por anticipado del Impuesto de Sociedades y considera "incoherente" el discurso de ayuda e impulso a la economía productiva que ha lanzado el Gobierno central. "Calificamos la medida de injusta porque obliga las empresas a pagar por anticipado y por adelantado todavía sin saber como finalizará su ejercicio, mientras que el Gobierno resuelve el objetivo de déficit de cara a la Unión Europea", ha asegurado mediante un comunicado el secretario general de Cecot, David Garrofé.

Desde la patronal concretan que "en la práctica, esta medida supone que las empresas financiarán el Estado a un tipo 0, soportando la mayor carga del esfuerzo para la reducción del déficit, un dinero anticipado que no se traducirá en inversión, con el consiguiente impacto en la creación de puestos de trabajo". Un efecto que según Galofré será "temporal" porque reducirá la recaudación de próximos ejercicios, que sólo podrá ser compensada con un incremento de la actividad económica "pero que con medidas como Ésta será difícil promover".

"No favorece", según la Cámara de comercio

Por su parte, el presidente de la Cámara de comercio de España, Josep Lluís Bonet, quien ha asegurado que el adelanto del pago del impuesto "no favorece en absoluto a las empresas, pero se tendrá que cumplir". "Es una mala noticia para las empresas porque distorsiona sus previsiones", ha añadido Bonet.

Además, el también presidente de Freixenet, ha explicado en su intervención en el auditorio de la Cambra de Comerç de Mallorca que en la economía española "se empiezan a identificar inquietantes síntomas de paralización en sectores relacionados con la inversión. No ha sorprendido tampoco su respuesta acerca del proceso soberanista en Catalunya, sobre lo que ha apuntado que no contempla "que llegue a ser una realidad".