Si Catalunya quiere cobrar el dinero del Fondo de Liquidez Autonómico (FLA) para este 2016, tendrá que cumplir a rajatabla las reformas estructurales impuestas por el Ministerio de Hacienda en un plan de ajuste que incorpora 15 medidas y 12 compromisos. Aunque la condición estrella es la ampliación o flexibilización de los horarios comerciales para conseguir "un aumento de los festivos de apertura y de horas semanales de apertura para todos los establecimientos", hay otros que también traerán cola en este nuevo intento por parte del ministro de Hacienda en funciones, Cristóbal Montoro, de limitar un poco más las decisiones del Gobierno catalán.

Dentro del mismo paquete de reformas estructurales con el que se pretende que Catalunya fomente "el crecimiento económico y la creación de empleo", hay medidas bastante concretas pero también otras muy generalistas. Desde "la promoción de la actividad económica", "la reducción de cargas administrativas" o "la regulación del régimen laboral y retributivo de las empresas públicas", hasta "la centralización de compras de medicamentos y productos sanitarios destinados a hospitales" o "la limitación de salarios en los contratos mercantiles o de alta dirección". También destaca "el reconocimiento exprés" de la ley de unidad del mercado español con el fin de que otras comunidades puedan realizar actividades de servicios en Catalunya sin que la Generalitat tenga competencias para regular determinados usos. Y a todo ello, todavía hay el apartado de "otros compromisos".

Más compromisos para blindar el FLA

Más concretamente, esta serie de compromisos reclaman a Catalunya que esté "al corriente con la Agencia Estatal de la Administración Tributaria y la Seguridad Social", que "se comprometa a adoptar medidas de buenas prácticas en gestión económica y presupuestaria" o que "se comprometa a permitir el acceso o remitir toda la información" que el Ministerio de Hacienda considere "necesaria" para el cumplimiento del plan de ajuste o de la estabilidad presupuestaria, los límites de la deuda pública y las obligaciones de pago a proveedores.

A primera vista, se trata de blindar el FLA a capa y espada y garantizar que ningún euro procedente del fondo de liquidez se acabe invirtiendo en políticas de índole soberanista. Y de rebote, encaminarse hacia un nuevo conflicto de competencias entre la Generalitat y el Estado y, según como, dividir también los partidos catalanes en el debate de la liberalización de los horarios comerciales.

En este sentido, el exconseller de Economía, Andreu Mas-Colell advertía en una entrevista a El Nacional que el principal problema del FLA es "la relación política y económica entre Catalunya y España. Más concretamente, el problema es la política del Partido Popular (PP) que utiliza la necesidad de consolidación fiscal provocada por la crisis para intentar volver al modelo de un Estado unitario". Y es que al fin y al cabo, todo acaba respondiendo a un nuevo interés del Gobierno español de condicionar, más allá de la propia legislación, la política de las diferentes comunidades autónomas. Por eso, ahora sin ajustes tampoco habrá FLA.