L'Ajuntament de Barcelona y Airbnb siguen en pie de guerra y a fuego cruzado. El consistorio encabezado por la alcaldesa Ada Colau ha vuelto a dar un golpe sobre la mesa de la economía colaborativa con un plan de choque que pretende combatir con más contundencia que nunca la presencia de viviendas turísticas de uso ilegal. En total, 20 medidas reunidas en cinco ámbitos, entre las cuales destacan más visualizadores que rastreen y detecten pisos, más inspectores, más herramientas de información y más colaboración entre ciudadanos, vecinos y turistas.

No obstante, este plan ha quedado parcialmente eclipsado por una amenaza de 600.000 euros a las plataformas reincidentes que no retiren los anuncios de pisos turísticos irregulares. Airbnb, que ya fue sancionada por el Ajuntament, ha contratacado de forma prácticamente inmediata al tildar estas nuevas medidas de "regulación arcaica" que protege a las empresas tradicionales y no deja espacio a los particulares. Más concretamente, ha asegurado que el "home sharing" es muy beneficioso para el turismo de proximidad, a la vez que ha garantizado que nunca han cometido ningún fraude en sus contratos, ya que informan de la regulación local y "obligan a los anfitriones a reconocer que la conocen y la cumplen."

Oportunidad y reto

En cifras, Airbnb ha generado durante el 2015 un impacto económico de 740 millones para Barcelona, de los cuales 500 millones provienen del gasto empleado en comercios y servicios por los turistas alojados en sus establecimientos mientras que los 240 restantes corresponden a las tarifas que el huésped paga al anfitrión, según ha informado la propia plataforma. La economía colaborativa es una gran oportunidad de negocio pero también un reto en mayúsculas a nivel legislativo.

Desde el 2015, el Ajuntament ha realizado 6.005 inspecciones sobre 2.505 viviendas diferentes que han permitido abrir 2.687 expedientes administrativos y 701 expedientes sancionadores por un importe de 30.000 euros. Además, ha dictado 604 órdenes de cese de la actividad y ha precintado 38 pisos a la espera de 29 más que se están tramitando. El reto se agranda todavía más cuando cada país lo entiende y lo debate a su manera mientras que Bruselas lo supervisa mostrándose más bien partidaria del laissez faire, laissez passer.

Ambigüedad legislativa

Airbnb es plenamente consciente y por eso, no ha dudado en fortalecer su férrea defensa gracias a la ambigüedad legislativa. En este sentido, ha reiterado que el Ajuntament de Barcelona ha hecho caso omiso a las recomendaciones de la Comisión Europea que además de definir las plataformas como una oportunidad para consumidores emprendidas y ciudadanos, también establece que no se las puede obligar a supervisar de forma activa supuestas actividades ilegales. Seguidamente, también ha criticado que la amenaza del Ayuntamiento coincida con la creación de la Comisión Interdepartamental de Desarrollo de la economía colaborativa por parte de la Generalitat.

De hecho, este nuevo grupo formado por representantes de varias conselleries como son el secretario general de Empresa i Coneixement, Xavier Gibert; la directora general de Turismo, Marian Muro, y los secretarios de Economía, Pere Aragonès, y Hisenda, Lluis Salvadó, entre otros, pretende garantizar la igualdad de oportunidades entre los agentes implicados, evitando cualquier tipo de competencia desleal y asegurando una correcta tributación de este tipo de actividad.

Demasiadas regulaciones "arcaicas" para una plataforma que a pesar de la guerra abierta, ha animado a Barcelona a seguir el ejemplo de otras ciudades de todo el mundo que "ya han adoptado normativas que dan apoyo a la economía colaborativa."