El 3 de diciembre se celebra, como de costumbre, el Día Internacional de las Personas con Discapacidad. La ministra de Trabajo y Asuntos Sociales, Fátima Báñez, ha querido anunciar, en este día, que en 2016 se batirán récords con respecto a la contratación de personas con discapacidad. Asegura que de enero a noviembre del 2016, este tipo de contratos ha aumentado un 11% con respecto al año anterior, y eso que en 2015 ya se alcanzó un máximo en la contratación de personas de este colectivo, con un total de 243.864 contratos (el empleo crece mucho más rápido entre ellos que entre el conjunto de la población).

Discapacitados en crisis

Contra la visión triunfalista del Gobierno, hay estudios que apuntan a un sentido muy distinto: la situación de las personas con discapacidad se ha visto muy deteriorada por la crisis. Los recortes en gasto social han supuesto la pérdida de algunos servicios básicos para ellos. Pero, además, la pérdida del trabajo por parte de algunos familiares de las personas con dependencia ha supuesto, para muchos de ellos, una situación crítica. La vulnerabilidad de estas personas, pues, se habría acentuado.

La Ley de dependencia

El problema más grave en estos momentos es la falta de despliegue de la Ley 30/2006, la llamada "Ley de la dependencia", que tenía que ofrecer servicios para las personas con discapacidad y para sus familias, y dotar de autonomía a los discapacitados. Los expertos reconocen que el marco legal es muy positivo, pero en realidad está bloqueado por la situación económica. Muchas de las personas que reúnen los requisitos establecidos por la ley no han tenido acceso a las prestaciones previstas. Y, en consecuencia, las familias tienen que asumir los cuidados especiales que necesitan  estas personas (y también los ancianos, cada vez más numerosos como consecuencia del envejecimiento de la población). Y, generalmente, esto obliga a las mujeres a hacer muchas tareas en casa, e incluso les dificulta su progresión laboral. La pérdida del estado del bienestar ha recaído, sobre todo, en las mujeres. Y eso deriva en un incremento todavía mayor de las desigualdades.

Los discapacitados catalanes reclaman

Los socios de Dincat, una agrupación de 300 entidades sin ánimo de lucro que atienden a personas con discapacidad intelectual en Catalunya, se han manifestado hoy frente a la sede del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies en Barcelona para mostrar su malestar. La presidenta de la federación, Rosa Cadenas, ha afirmado: "No hay acceso al mundo laboral desde hace seis años para el colectivo de las personas con discapacidad intelectual, hay graves dificultades para entrar en los servicios de atención diurna y vivienda, y el modelo educativo está claro pero no se está aplicando por falta de recursos". Cadenas, que ha asegurado que los problemas siguen sin resolverse, espera que la nueva Ley de Autonomía Personal del Govern pueda mejorar la situación de este colectivo.