No sólo son las diferencias siderales entre las medidas cautelares que se toman con los miembros del Gobierno catalán, más de la mitad de los cuales encarcelados en Madrid y la otra parte en libertad vigilada en Bruselas. La declaración del presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, y cuatro consellers ante la justicia belga este domingo, ha puesto de manifiesto que entre los tiempos de la justicia española y la justicia belga también hay un abismo profundo.

Así, mientras la jueza de la Audiencia Nacional Carmen Lamela dedicó apenas 5 minutos de interrogatorio por cabeza cuando tomó declaración el jueves pasado al vicepresidente Oriol Junqueras, a 5 consellers, 2 conselleres y 1 exconseller -y, mientras, según algunos testimonios, no paraba de mirar su móvil- el juez belga preguntó a Puigdemont y los consellers durante un total de 5 horas y 40 minutos.