La Diputación de Barcelona y el ICAB han establecido un acuerdo que prevé el desplazamiento de un abogado en las dependencias de los Servicios Públicos de consumo de las comarcas de Barcelona. Previa visita concertada, el abogado atenderá de forma individualizada las consultas de los consumidores que requieran sus servicios.
El acuerdo se extenderá al resto de colegios profesionales de la demarcación y prevé el desplazamiento de abogados en las dependencias municipales
El consumidor recibirá atención personalizada en relación a la justicia gratuita si decide acudir a la vía judicial. La presidenta de la Diputación de Barcelona, Mercè Conesa, ha explicado que "este convenio refuerza el servicio de atención al ciudadano de la Diputación y se suma a los ya trabajados en materia de atención jurídica. Una demanda imprescindible hoy día: garantizar el servicio al ciudadano".
"Agradecemos el papel de la Diputación de Barcelona en la firma de este acuerdo: nos ha permitido reunir medios para defender los derechos de las personas", afirma el decano del Ilustre Colegio de la Advocación de Barcelona, Oriol Rusca. Añade que "la proximidad es fundamental y en este sentido el conocimiento que tiene la Diputación del territorio ha sido clave".
Un servicio para toda la demarcación
Este primer convenio cubrirá veintidós Servicios Públicos de consumo en seis comarcas (Alt Penedès, Anoia, Baix Llobregat, Barcelonès, Garraf y Maresme), en un área con cerca de un millón y medio ciudadanos. Las visitas se podrán concertar hasta el mes de diciembre y se harán durante cerca de 90 días hábiles hasta a final de año. En este plazo, se ofrecerá el servicio 350 horas cada mes.
La diputada de Salud Pública y Consumo, Laura Martínez, ha destacado que "el ciudadano, a través de su ayuntamiento, recibirá una atención esmerada y personalizada. También en relación a la justicia gratuita si decide acudir a la vía judicial", ha añadido.
El objetivo de la Diputación de Barcelona es extender este servicio de asesoramiento personalizado sobre cláusulas abusivas en los 311 municipios de la demarcación
Así, la corporación contempla la firma de convenios con el resto de Ilustres Colegios de Abogados, como son el de Granollers, Manresa, Mataró, Sabadell, Sant Feliu de Llobregat, Terrassa y Vic.
Apoyo a los consumidores
Los acuerdos con los colegios profesionales de abogados se suman a las acciones de apoyo a los consumidores que la Diputación de Barcelona impulsa desde hace meses para acompañarlos en sus reclamaciones por las cláusulas abusivas.
Este año, justamente para atender estas consultas, ha aumentado hasta los dos millones de euros el presupuesto destinado a los Servicios Públicos de consumo. También se ha intensificado la formación específica en cláusulas abusivas a los técnicos de estos Servicios (77 municipales y 7 comarcales) y ha contratado las asociaciones de consumidores más representativas para hacer 150 charlas y talleres por todo el territorio.
En los 224 municipios que no disponen de Servicio Público de consumo propio, los ciudadanos también reciben atención directa a través de las Unidades Móviles de Información al Consumidor (UMIC). Además, desde inicios de año, la Diputación de Barcelona ofrece consejos e información sobre los protocolos de las entidades bancarias, direcciones de contacto, la agenda de acciones formativas y un formulario de reclamación a través de su página web.
Conectar la ciudadanía con la cohesión social
Uno de los objetivos estratégicos del Plan de Mandato 2016-2019 de la Diputación de Barcelona, es conectar la ciudadanía con la cohesión social, como pilar básico del estado del bienestar. Aparte del apoyo a los consumidores, la corporación impulsa en este sentido un Plan de Choque contra la Pobreza, que quiere dar respuesta al empobrecimiento progresivo y al correspondiente incremento del riesgo de exclusión social.
La corporación impulsa un Plan de Choque contra la Pobreza
Este Plano de Choque contra la Pobreza incluye el programa de Fomento de Ocupación, el Servicio de Intermediación de Deudas de la Vivienda, el programa de Auditorías e Intervención en viviendas en situación de pobreza energética y el programa Tarjeta Monedero con impacto social.