El gobierno de Barcelona ha comprado unos inmuebles del Raval para evitar que los vecinos sean expulsados. Concretamente, el gobierno municipal ha adquirido a la sociedad Olopte 92 SL los edificios de los números 7, 9 y 11 de la calle Lancaster, situados en este barrio céntrico barcelonés, para evitar que los vecinos sean expulsados. Los inquilinos temían que una gran inmobiliaria o un fondo inversor adquiriera los inmuebles como ha pasado en el caso del número 13, que es propiedad de MK Premium, que ha sido denunciado por el último vecino de la finca por acoso inmobiliario.

El gobierno municipal ha tomado esta decisión teniendo en cuenta que se trata de una zona con una gran demanda residencial y que son inmuebles que necesitan ser rehabilitados. Los inquilinos, además, tienen contratos fraudulentos, lo que ponía en peligro su continuidad si las fincas seguían en manos privadas. La operación se ha cerrado por 5.658.512 euros. El Ayuntamiento ya compró la finca de la calle Leiva 37 en unas circunstancias similares.

41 pisos

En total, el Ayuntamiento adquiere 41 pisos; 15 en el número 7; 12 en la finca 9, y 14 a la número 11. En este caso se trata de una operación de compra-venta normal, sin ejercer el derecho de tanteo y retracto, como sí que se hizo para adquirir Leiva.

El Ayuntamiento ahora elaborará una diagnosis de cada unidad familiar para ver si cumplen los requisitos de vulnerabilidad social, de forma que puedan mantener su vivienda a un precio asequible, en función de sus ingresos. El gobierno pronostica que eso pasará en la mayoría de los casos. Y es que los inmuebles pasarán a formar parte del parque de vivienda de alquiler público de Barcelona, y estarán gestionados por el Patronato Municipal de la Vivienda.

Se mujer la circunstancia de que los inquilinos de estas tres fincas tienen contratos fraudulentos, en su día se hicieron por estudios y no por vivienda, un argumento que podrían utilizar los nuevos propietarios para rescindir los contratos.

El Ayuntamiento: "Tenemos los ojos puestos en la calle Lancaster"

La concejala de Ciutat Vella, Gala Pin, ha explicado que han optado por intervenir en el caso de los números 7, 9 y 11 porque esta es una zona dónde se están produciendo "casos de especulación salvaje", y ha remarcado que el Ayuntamiento tiene "los ojos puestos" especialmente en esta calle porque "hay muchos vecinos a los cuales durante más de veinte años la administración les ha dado la espalda y no los ha tenido presentes". En eso le ha añadido la necesidad de tirar un mensaje a los "especuladores", para dejar claro que "no son bienvenidos en la ciudad". "Esta compra se hace también para garantizar el derecho a la vivienda sobre todo de la gente más vulnerable", ha concluido.

La concejala ha remarcado los "esfuerzos" que está haciendo el consistorio en el caso concreto de esta calle, no sólo con la compra de estas tres fincas, sino también con la intervención en el caso del número 13, donde hay un problema de "falta de conservación" clara por parte de la propiedad. Pin ha apuntado que también hay dos edificios más, en este caso propiedad del director de Rehabilitación de la Generalitat, que tienen pendiente una orden de conservación y rehabilitación.

El concejal de Vivienda del Ayuntamiento, Josep Maria Montaner, ha recordado que la política del consistorio en esta materia no sólo implica construir viviendas nuevas e incorporar de vacíos, sino también en "casos excepcionales", adquirir propiedades verticales de acuerdo a una serie de condiciones que venden marcadas por una instrucción municipal.