La plataforma Barcelona No Està En Venda, que agrupa a entidades vecinales y sindicales como la Federació d'Associacions de Veïns de Barcelona y el Sindicat de Llogaters, ha llamado a los barceloneses a participar a la manifestación que ha convocado para este sábado para exigir el derecho a una vivienda asequible y alertar de que vecinos son expulsados por la especulación. La convocatoria también ha tenido el apoyo de numerosas plataformas de barrio de nueva creación.

La manifestación empezará a las 18.00 horas en la plaza Universitat bajo el lema 'Vivienda para todas', y recorrerá varias calles pasando por edificios que son símbolo de especulación hasta llegar a Drassanes, donde se prevé construir un hotel que los vecinos rechazan.

Asociaciones vecinales y entidades de varios barrios han convocado a los vecinos del entorno antes de la manifestación para acudir a la plaza Universitat organizados en varias columnas que saldrán desde varios puntos de la ciudad.

La Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) alerta de que el precio medio del alquiler ha subido un 17% en la capital catalana entre 2014 y 2016, y ya ha superado los niveles máximos del tiempo de la burbuja inmobiliaria. Actualmente el alquiler medio se sitúa en 850 €, lo que equivale a un salario precario de los que son muy corrientes. También apunta que los inquilinos tienen que desembolsar hasta 4.800 euros para formalizar un contrato, lo que consideran excesivo. La PAH asegura que nueve de cada diez desahucios judiciales en Barcelona afectan a inquilinos.

Además de estos desahucios, avisan también de la existencia de los desahucios invisibles, producidos cuando un vecino cambia de vivienda previendo que no podrá seguir pagando el alquiler por su situación económica o sabiendo que le subirán el precio cuando finalice el contrato.

Vecinos expulsados

La plataforma ha cifrado en 76 los bloques enteros que han adquirido fondo de inversión y empresas en la ciudad, algunos con inquilinos, que pueden verse obligados a abandonar sus pisos ante subidas del alquiler o ante una negativa del propietario renovar los contratos.

Asegura que este año acabarán 44.000 contratos de alquiler, con una duración de tres años marcada por la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU), normativa que el Sindicat de Llogaters exige modificar. Considera que la duración de tres años del contrato impide garantizar la estabilidad de los inquilinos, y aboga también para limitar los precios del alquiler y garantizar el uso social de la vivienda por encima del especulativo.

Pero, además, se acusa a las instituciones de no promover un parque público de viviendas. En Barcelona, según la PAH, tan sólo un 1,5% de las viviendas forman parte del parque público de vivienda, frente a un 17,2% en París o un 48% en Amsterdam.