El Ayuntamiento de Barcelona cerrará esta semana el expediente sancionador de 600.000 euros en Airbnb, que la empresa ya ha anunciado que recurrirá, y le impondrá otra multa de la misma cantidad -la máxima que prevé la ley- si sigue publicitando pisos turísticos ilegales, ha advertido a la teniente de alcalde Janet Sanz este lunes en rueda de prensa.

Al lado del concejal de Turismo, Agustí Colom, Sanz ha insistido en que abrirán inmediatamente este segundo expediente de 600.000 euros por reincidencia si Airbnb no manifiesta su voluntad de cumplir con la legalidad y da "pruebas suficientes de que está cumpliendo con esta ley, que es el mínimo que tiene que hacer todo el mundo que opera en la ciudad".

El Gobierno de Ada Colau planteará a la Generalitat que la ley permita multas más elevadas que las de estos 600.000 euros por reincidencia: "Iremos hasta el final para desarrollar nuestras competencias, y para intentar fortalecer la legislación y hacerla más contundente", ha garantizado Sanz, que ha recordado que en la ciudad hay entre 6.000 y 8.000 pisos turísticos ilegales.

Un exdirectivo realquilaba su piso

Además, ha asegurado que un exdirectivo de Airbnb ofreció un piso en el cual estaba como inquilino como alojamiento turístico en la plataforma cuando trabajaba en ella -estuvo cuatro años en dos cargos-, caso que ha tachado de "muy grave, alarmante", inaceptable e injustificable.

"Conocía, estoy segura, la ley y todo este trabajo que estamos realizando desde el primer día. Es una estafa claramente a la ciudad", ha aseverado Sanz, que ha dicho que el caso demuestra que la plataforma ha traspasado todos los límites posibles creyendo que actúa con impunidad, por lo cual ha exigido una explicación, que reclamará en un encuentro próximo.

Ha detallado que el piso, ya retirado de la plataforma, estaba situado en Ciutat Vella, "una de las zonas de máxima presión de la ciudad y que se tiene que proteger", y ha señalado que todavía está abierto el expediente del caso, que se detectó al multar a la propietaria y al explicar este que tenía la vivienda alquilada.

Recurso a la multa y "asuntos personales"

Airbnb ha anunciado este lunes que recurrirá el expediente sancionador de 600.000 euros que el Ayuntamiento de Barcelona le ha interpuesto y la multa de la misma cuantía que podría recibir para ofrecer pisos turísticos ilegales en la ciudad. En un comunicado, la plataforma ha lamentado la decisión tomada por el consistorio y ha añadido que están "profundamente entristecidos por las declaraciones falsas hechas por el Ayuntamiento".

Airbnb ha asegurado que está trabajando con más de 100 gobiernos para conseguir regular el hombre sharing -compartir la vivienda- y que ya lo ha hecho con más de 300: "Nos parece frustrante que Barcelona no sea uno de ellos".

Ha defendido que tiene "tolerancia cero con los malos actores" y que trabaja con autoridades de todo el mundo para eliminarlos de la plataforma, que tuvo 69.000 usuarios en Barcelona la semana pasada y 1,3 millones durante 2016. El hombre sharing, insisten, es una manera sostenible de viajar que asegura el reparto de beneficios entre muchas partes: "Los anfitriones locales se quedan con el 97% del precio de la reserva", añaden.

Airbnb ha asegurado que el caso del exdirector de la compañía en España que realquiló ilegalmente una vivienda que había arrendado en Ciutat Vella es un "asunto personal" y ha acusado el Ayuntamiento de Barcelona de "elegir el conflicto por encima del acuerdo".